Sin injerencias

Una importante decisión adoptada por la Mesa No. 2, Organización, participación social y ciudadanía, y sistemas de representación, de la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido introducir una reforma constitucional sobre la función electoral, que deberá estar representada por el Consejo Nacional Electoral para que administre las elecciones  y por el Tribunal Contencioso Electoral para que juzgue las infracciones y delitos electorales.

Desde que la propia Constitución estableció que las siete fuerzas políticas más votadas conformen el Tribunal Supremo Electoral, nos hemos visto avocados a irregularidades de orden ilegítimo y hasta ético, no fue suficiente que frente a los problemas suscitados se reformen leyes y se aumenten o refuercen sanciones económicas, porque caímos en un circulo vicioso de escándalos electorales, dictado de leyes, nuevos escándalos, enmiendas y reformas de las mismas leyes; sin duda lo más importante no es cambiar las leyes sino a quienes las aplican.

Nunca ha sido admisible que el Tribunal Supremo Electoral, organismo conformado por los propios partidos políticos, quienes al ser juez y parte se enfrentan a un conflicto de intereses; situación difícil de resolver y cuyo resultado final ha sido la impunidad. Existen consecuencias negativas derivadas del control partidario de este organismo electoral, por la influencia política y la injerencia partidaria, para ejemplo basta uno; el binomio Noboa-Cruz, para las elecciones presidenciales del 2002, dilató el pago de la multa  por excederse en el límite establecido para gasto electoral; el proceso debió juzgarse por dicho organismo cuyo presidente en ese tiempo, fue su tesorero de campaña.   

El Art. 209 de la Constitución vigente dice que el TSE gozará de autonomía administrativa y económica,  sin embargo de lo que nunca ha gozado es de autonomía política.  Siempre ha sido necesario otorgarle independencia, solo cortes independientes  podrán realizar un positivo juzgamiento y asegurar  que quienes infrinjan las leyes sean debidamente sancionados.

El sistema de dos órganos, permitirá la formación de un Tribunal Electoral independiente, autónomo, con atribuciones de control de la jurisdiccionalidad e incluso de control constitucional en materia electoral, mientras el Consejo Electoral como organismo técnico especializado administrará las elecciones. Separar las atribuciones,   instaurar un marco de competencias bien definido y nombrar funcionarios independientes que generen confianza en los ciudadanos, marcara un hito en la historia electoral ecuatoriana.  Mónica Banegas Cedillo.